Las olvidadas fosas clandestinas de Taxco

(Proceso) Chilpancingo, Gro.- En noviembre pasado Proceso advirtió que tras el anuncio que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –el 20 de octubre de 2015- sobre el acuerdo con el gobierno federal para reiniciar la investigación y la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, la Procuraduría General de la República (PGR) no había incluido entre sus primeras líneas de investigación las fosas localizadas en Taxco.

Ello a pesar de que desde julio de 2010 se han hallado fosas clandestinas en acantilados del municipio de Pilcaya y en respiraderos de minas en Taxco.

199501-64e26b404a6f33379_pf-8727100906_fosa_oa4-f-1024x768Además de que Gildardo López Astudillo, “El Gil” o “Cabo Gil”, uno de los lugartenientes de la banda Guerreros Unidos y pieza clave, según la investigación oficial, del caso Ayotzinapa -detenido el 16 de septiembre de 2015-, estuvo refugiado en la ciudad de Taxco bajo la protección de políticos y autoridades de los tres niveles que han sido señalados con insistencia por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Ahora, tras la detención del exdirector de la policía municipal de Taxco, Eruviel Salado Chávez y Víctor Hugo Benítez Palacios El Tilo, ambos acusados como operadores del grupo delictivo Guerreros Unidos y vinculados directamente con el caso Ayotzinapa, se hace necesario retomar algunos textos en los que Proceso ha documentado esta trama que involucra a empresarios, políticos, autoridades civiles y castrenses con el narco en la zona norte de la entidad.
Las fosas de Taxco

En la nota titulada La sanguinaria guerra por el sur, publicado el 18 de julio de 2010, este semanario dio a conocer que las averiguaciones sobre la desaparición de un militar desembocaron en la captura de una célula de sicarios e informantes integrada por 15 hombres, dos de ellos menores, y evidenció que las minas de Taxco se utilizan para ocultar cadáveres (Proceso 1759).

De acuerdo con el expediente PGR/GRO/CHI/M-II/142/2010, los detenidos fueron interrogados sobre el paradero del cabo de materiales de guerra Cuauhtémoc Muñoz Martínez, desaparecido en Iguala entre el 21 y el 22 de mayo de ese año, cuando se encontraba franco.

Un parte militar anexo al expediente dice que Víctor Manuel Sánchez Conde, de 20 años, condujo a los soldados a la bocamina de San Antonio La Concha, en Taxco, adonde –según la procuraduría local– 55 hombres fueron arrojados a un agujero de 150 metros, algunos todavía con vida.

Sánchez Conde, chofer de los sicarios, reveló que abandonaron en la bocamina el cuerpo del cabo del 27 Batallón de Infantería, así como los del director y el sicólogo del penal de Iguala, Daniel Bravo Mota e Ignacio Suástegui Pérez, respectivamente. Éstos últimos fueron reportados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal como desaparecidos el 24 de mayo.

En la entidad ya se habían encontrado otras fosas clandestinas, pero ninguna con tantos cadáveres como la bocamina de San Francisco, que contenía al menos un centenar de cuerpos. En la ciudad colonial existen más de 30 respiraderos de minas abandonados desde 2007, cuando estalló la huelga de trabajadores contra la empresa Grupo México.

Al enterarse del hallazgo de la narcofosa llegaron a Taxco decenas de personas, en su mayoría mujeres, provenientes de otros municipios guerrerenses, de Morelos y del Distrito Federal. Buscaban en la morgue a sus familiares desaparecidos en circunstancias sospechosas.

Integrantes del Comité de Familiares y Amigos de Asesinados, Secuestrados y Desaparecidos en Guerrero informaron que han documentado 242 casos de desaparición forzada entre 2005 y 2010.

En ese entonces el comité planteaba que el gobierno debía reconocer, atender y resolver el problema de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales en la entidad, pues sostenía que la fosa de Taxco era sólo una muestra de los mecanismos de la delincuencia para “tratar de esconder a sus víctimas y mantenerse en la impunidad”.

Desde entonces dicha organización demanda que las autoridades elaboren un plan de búsqueda de desaparecidos e integren una base de datos con información genética, a fin de cotejar responsablemente las muestras de los cuerpos hallados con los de familiares de desaparecidos.

Si bien las autoridades ignoraron la demanda del comité, la repercusión internacional del caso Ayotzinapa las obligó a retomar estos planteamientos.

La captura de “El Cabo Gil”

Posteriormente, en la nota titulada La captura del “Cabo Gil” provoca aún más dudas, publicada en septiembre de 2015, Proceso señaló que a casi un año del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, las autoridades habían detenido en Taxco al principal artífice, de acuerdo a la versión oficial, de los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

En su captura no hubo gran despliegue de fuerza, no hubo violencia, no hubo disparos, lo que hace pensar a algunos analistas que se trató de una entrega pactada; sobre todo porque él mismo ya había ofrecido entregarse una vez que estuviera capturada la mayor parte de su banda criminal.

La captura de “El Cabo Gil”, acusado de ser lugarteniente del grupo criminal Guerreros Unidos y principal implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sacudió al empresario Federico Figueroa y a la clase política, así como a mandos militares y jefes policiacos que constantemente han sido vinculados con la delincuencia organizada que opera impunemente en el norte de Guerrero.

Al respecto, el 17 de septiembre de 2015, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia declaró públicamente que “El Gil” estuvo refugiado en la ciudad platera, donde recibió protección de políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno y que su detención se realizó en la calle, sin especificar el sitio exacto de la captura.
El departamento

En el reportaje Taxco, otro infierno, publicado en su edición del 8 de noviembre de 2015, Procesodestacó que las autoridades federales se mostraban renuentes a proporcionar información sobre este eslabón que presuntamente vincula a políticos taxqueños encabezados por el diputado federal priista Salomón Majul González con “El Gil”, supuesta pieza clave en el caso Ayotzinapa.

Posteriormente, en diciembre de 2015, en la nota Una comedia de enredos llamada El Gil, Procesoreveló que “El Gil” habría sido detenido en un lujoso departamento ubicado en el fraccionamiento Lomas de Taxco propiedad de un próspero comerciante identificado como Héctor Gómez Lagunas, cercano al diputado federal priista Salomón Majul González, quien forma parte de un grupo que encabeza el empresario Federico Figueroa y en el que participan mandos militares y jefes policiacos, así como políticos del PRI, PRD y PAN presuntamente vinculados con los grupos delincuenciales que operan en el norte de Guerrero.

Gómez Lagunas, quien fue ejecutado el 13 de julio de 2012 por dos jóvenes, era originario del Estado de México. Se había avecindado en Taxco, donde se dedicó al comercio de la plata y también era permisionario de transporte público en esa ciudad colonial.

Según los reportes oficiales consultados por el reportero, el departamento del fraccionamiento Lomas de Taxco donde el 16 de septiembre último fue capturado “El Gil” lo ocupaba Ashley Gómez Mejía, hijo de Gómez Lagunas, quien fue secretario particular de Iván de Jesús Castellanos Barrera, designado alcalde suplente de Taxco en marzo pasado, luego de que Majul González dejó la alcaldía para lanzarse como diputado federal priista.

La vivienda es parte de un edificio estilo colonial de tres niveles ubicado a 200 metros del hotel Monte Taxco sobre la calle La Posada, que conecta con una pista de aterrizaje en la cima del cerro.

A partir de este hecho que sigue sin ser esclarecido, en la ciudad de Iguala comenzó una serie de ejecuciones considerados como un ajuste de cuentas entre integrantes de Guerreros Unidos que siguen operando impunemente a pesar de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La reconfiguración de Guerreros Unidos

A mediados de enero de este año, en el texto Guerreros Unidos se cimbra por pugnas internas, Proceso dio a conocer que los asesinatos de finales del año pasado y las narcomantas desplegadas en Iguala muestran la lucha intestina en el grupo delictivo.

Los mensajes van dirigidos contra policías estatales y mandos militares a quienes se acusa de dar protección a Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo, y a Eduardo Joaquín Jaimes, El Choky, de la banda de Los Peques, brazo armado del grupo criminal.

Y se mencionaron nombres de varios de los funcionarios presuntamente implicados con ese grupo delincuencial, como el exdirector de la policía de Taxco Eruviel Salado Chávez y una docena de agentes de esa corporación que desde octubre último está bajo el mando de la Policía Federal.

Tanto Salado Chávez como el exalcalde taxqueño Salomón Majul González, quien ahora es diputado federal por el PRI, y el empresario Federico Figueroa han sido señalados públicamente por sus presuntos nexos con Guerreros Unidos.

El 27 de diciembre aparecieron dos narcomantas en Iguala. En ellas se menciona al líder transportista de la zona Norte, Victórico Martínez López, y a otras personas como presuntos operadores de Guerreros Unidos, a quienes se acusa de “sobornar” a policías federales y ministeriales.

Dos días después, el centro de la ciudad amaneció tapizado de mensajes. En ellos se señala al Ejército de proteger a Víctor Hugo Benítez Palacios, “El Tilo”, líder de Los Peques; también se difundió una foto con el rostro de “El Choky”, supuesto brazo ejecutor de “El Tilo”, considerado por el gobierno federal como otra de las piezas clave en el caso Ayotzinapa.

Fuentes oficiales consultadas por el corresponsal aseguran que se trata de una lucha intestina entre miembros de la organización criminal que opera en Iguala, Taxco, Tepecoacuilco y Huitzuco, zona colindante con el sur del estado de Morelos.

En octubre de 2014, la agencia Apro dio a conocer que el gobierno federal sabía que Los Peques controlan el narcomenudeo en Iguala y estaban implicados en la agresión a los normalistas de Ayotzinapa, lo mismo que algunos uniformados estatales y federales.

Los reportes oficiales consultados por Proceso en esas fechas indican que después de la desaparición de los 43 normalistas, los sicarios al servicio de Los Peques salieron de Iguala y se refugiaron en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri. Las autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército les brindaron protección.

El año pasado, autoridades del poblado donde se encuentra la minera canadiense Gold Corp denunciaron la existencia de fosas clandestinas; algunos afirmaron que la esposa del exalcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, se refugió en esa zona.

La confrontación entre los operadores de Guerreros Unidos se incrementó en diciembre pasado, cuando fueron divulgados los nombres de políticos y autoridades civiles y castrenses de la zona norte presuntamente vinculados en el caso Ayotzinapa.
El silencio a balazos

Luego, el 5 de mayo, la agencia Apro en la nota Continúan homicidios de personajes ligados al caso Ayotzinapa, dio a conocer que esta masacre no sólo exhibió los presuntos nexos de autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narcotráfico, sino que también ha dejado una estela de ejecuciones y detenciones de personajes ligados a la política en la zona Norte, donde el silencio se impone a balazos.

En ese entonces, un grupo armado asesinó al dirigente transportista Victórico Martínez López, quien fue vinculado públicamente con el grupo delictivo Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El crimen se registró en Iguala en el estacionamiento de la Quinta Margarita, cuando Martínez López se disponía a abordar su automóvil en compañía de su esposa, quien también fue asesinada.

Previamente, Martínez López había encabezado una reunión con líderes transportistas de la zona Norte, donde anunció su regreso a la dirección de la Coordinadora del Transporte Organizado de la Zona Norte (CTOZN), cargo que dejó en diciembre pasado tras ser vinculado al narcotráfico y el caso Ayotzinapa.

“Vamos a seguir apoyando a la coordinadora al mil por ciento en los trabajos que lleva la coordinadora, y hay un logro que se está dando que es la unificación de los transportistas” (sic), expresó Victórico Martínez durante su mensaje. Horas después fue ejecutado en su propio domicilio.

El pasado 25 de diciembre fue localizado el cuerpo de un hombre ejecutado y junto al cadáver dejaron un mensaje firmado por “Daniel El Travieso” donde acusaban directamente a los líderes del transporte en la zona Norte Victórico Martínez, Nicolás Nájera Salgado “El May” y José Luis Ramírez “El Churros” de formar parte del grupo delictivo Guerreros Unidos y haber participado en la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Tanto Nicolás Najera y José Luis Ramírez fueron detenidos por la Policía Federal, el primero el 25 de abril y el segundo a principios de este mes, ambos son acusados por el gobierno federal de ser líderes de Guerreros Unidos y estar relacionados con la desaparición de normalistas.

Nueves meses después de la detención de El Cabo Gil, el gobierno federal capturó a Víctor Hugo Benítez Palacios El Tilo y al ex director de Seguridad Pública de Taxco, Eruvil Salado Sánchez, situación que advierte un recrudecimiento de la violencia en el feudo de Guerreros Unidos ante la reconfiguración de esta banda delictiva que sigue operando impunemente en la zona norte de Guerrero.

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