Permisos para tala de mangle en Tajamar se dieron cuando no había prohibición: PVEM

Jahtziri Chong Magallanes.- El presidente de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados, Arturo Álvarez, señaló que los permisos para construir desarrollos inmobiliarios en el Malecón Tajamar, en Quintana Roo, y cuya ejecución implicó la tala de una zona de manglares, se otorgaron cuando esa práctica no estaba prohibida, por lo que no son irregulares.

El legislador del Partido Verde Ecologista (PVEM), señaló que para evitar casos de daño ambiental en zonas que ahora la ley protege, la Secretaría del Medio Ambiente y las autoridades del ramo deberían tener un catálogo actualizado sobre los permisos y autorizaciones otorgados en años anteriores, para construcciones en zonas ambientales que ahora están protegidas, con el fin de verificar si su ejecución representa un peligro para los ecosistemas y en ese caso, revocarlos.

El diputado Álvarez Angli aseguró que la protección del medio ambiente debe estar por encima de intereses políticos y económicos, sin embargo, insistió en que los permisos entregados anteriormente para construir en la zona del Malecón Tajamar, se emitieron cuando no había una prohibición expresa a la tala de mangle, por lo tanto, la autoridad correspondiente no tuvo ni tiene responsabilidad.

Indicó que ante la duda respecto a si la ejecución de autorizaciones emitidas en fechas pasadas, viola la ley ambiental vigente, sería necesario entrar a un debate jurídico a fin de aclarar la situación.

El legislador del Verde se pronunció a favor de que la ley ambiental se aplique en sus términos, a fin de que las violaciones a la norma y el daño ambiental sea sancionado de manera severa y real.

Pidió evitar linchamientos en el caso Tajamar y también, ser intolerantes ante las afectaciones al medio ambiente y el abuso en que incurren “ciertos desarrolladores con la complacencia de algunas autoridades para que sucedan casos como el de Tajamar”.

Aseguró que la autoridad deberá ser más enérgica al castigar a los infractores, sin distinguir entre figuras políticas, autoridades administrativas o amistades., ya que las violaciones a la ley deben tener consecuencias serias.

Al reconocer que en el país lamentablemente “no pasa nada” y los actos ilícitos no tienen efecto en quienes los cometen, el legislador del Verde señaló que por ello es fácil evadir la responsabilidad; sin embargo, en el caso del daño ambiental la sociedad en su conjunto se ve afectada y por ello, es necesario sancionarlo como es debido.

Incluso, reconoció que algunas autoridades han sido “muy negligentes”, algunas por desconocimiento, otras por dolo y en ocasiones, porque la normatividad tiene lagunas y quienes la infringen aprovechan tal situación.

”Se necesita sancionar y que todos los mexicanos estemos conscientes de que si cometemos un acto que  contraviene una disposición legal, vamos a ser sancionados exactamente en la medida y proporción de la infracción o del delito que se ha cometido. Se requiere cambiar esa mentalidad en las nuevas generaciones, para que tengan presente que sí hay consecuencias de nuestros actos y que no se van a evadir”, remarcó.

Dijo que ningún tipo de interés, sea económico, político, personal, particular o partidista debe estar por encima del cuidado al medio ambiente,  aunque en nuestro país, las lagunas jurídicas se mezclan con la falta de voluntad, sensibilidad y compromiso por parte de algunas autoridades, algunos inversionistas y algunos ciudadanos.

Aunque pidió entender que los inversionistas también son seres humanos, ponen sus intereses económicos por encima del cuidado al ambiente y de la ciudadanía, perjudicando a ambos, reiteró que en el caso Tajamar, quienes autorizaron construir en zonas de manglares, en el momento que lo hicieron no incumplieron la ley.

Con el propósito de evitar ese tipo de casos, abundó, en el siguiente periodo ordinario de sesiones se promoverán reformas legales para reglamentar de manera más clara la responsabilidad ambiental de las empresas cuando su actividad genere daño a la flora y fauna del país.

Aseveró que la finalidad no es sancionar por sancionar, sino reducir al máximo el impacto ambiental que pudiera provocar el desarrollo económico y de infraestructura.