Prestanombres de Duarte compró terrenos ¡en 26 centavos el metro!

En su primera compra en Campeche infló 15 mil por ciento el precio por metro cuadrado.

Aristegui Noticias/Redacción

Ciudad de México.- El empresario Moisés Mansur Cysneiros, uno de los presuntos prestanombres de Javier Duarte de Ochoa, compró miles de metros cuadrados en Lerma, Campeche, hasta en 26 centavos, revelan informes de autoridades oficiales mexicanas.

La Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descubrieron que el complejo sistema de lavado de dinero utilizado por Duarte de Ochoa y su red de operadores, permitió ingresar millones de pesos al sistema financiero del país.

“Moisés Mansur Cysneiros adquirió en los meses de agosto y noviembre de 2011, cinco parcelas con una superficie de 150 hectáreas en la cantidad de un millón 650 mil pesos, lo que representa en promedio la cantidad de 1.10 pesos por metro cuadrado”, establece la investigación oficial contra Cysneiros Mansur.

Para poder vender las mismas, el fedatario público de la Correduría Pública Número 35 de la Ciudad de México, Salomón Vargas García, le otorgó un valor de mercado de 253 millones 300 mil 963.47 pesos a las primeras parcelas que éste compró.

En resumen, Cysneiros Mansur compró en su primera adquisición a 1.10 pesos el metro cuadrado y el corredor público lo tasó con valor de 168 pesos, que equivale a un incremento del 15 mil 250 por ciento desde su precio original.

El 22 de octubre y 11 de noviembre de 2013, dos años más tarde, el mismo personaje adquirió otras 150 hectáreas, divididas en cuatro parcelas, pero en esta ocasión sólo pago 400 mil pesos, lo que significa que en su segunda compra el precio por metro cuadrado fue de 26 centavos.

Junto con Duarte de Ochoa se encuentran acusados además de Mansur Cysneiros, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Javier Nava Soria.

Las hermanas Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta, que fungían como secretarias de Moisés Mansur, fueron condenadas ya a tres años de prisión al haber aceptado tratos y declararse culpables del delito de lavado de dinero.

Las autoridades mexicanas fundamentan su caso principalmente en cuatro ejes rectores que han ido presentando en los casos ya sentenciados, pero también en el que utilizarán ya con Duarte en suelo nacional.

Para juzgar a Duarte de Ochoa y sus cómplices supuestos, la UIF, la SHCP y la PGR fundamentaron la acusación en la adquisición de 21 parcelas ejidales en Lerma, Campeche.

Esas mismas fueron, según reportes de la UIF, sobreevaluadas para vender en un precio mucho mayor, para concentrar recursos de procedencia ilícita, algunos de los cuales provienen del Gobierno de Veracruz, mediante el uso de “empresas fantasma” y operaciones simuladas.

El cuarto eje que utilizarán las autoridades que enjuiciarán a Duarte y sus supuestos colaboradores, es la operación de compra y venta de los mismos, para de esta forma introducir los recursos financieros en las cuentas bancarias de uno de los sujetos denunciados en la investigación.

El origen de la investigación de las autoridades mexicanas en torno a los terrenos adquiridos por los operadores de Duarte establece en primer término que de las 21 parcelas José Juan Janeiro Rodríguez adquirió el 22 de agosto y 28 de noviembre de 2011, los derechos de tres parcelas.

Alfonso Ortega López, en las mismas fechas, pero además en una segunda operación el 22 de octubre y 11 de noviembre de 2013, fue autorizado para adquirir los derechos parcelarios de cuatro parcelas.

Moisés Mansur Cysneiros, ubicado como el principal socio y operador financiero de Duarte de Ochoa, adquirió el 22 de agosto, el 28 de noviembre de 2011, el 22 de octubre y el 11 de noviembre de 2013 un total de nueve parcelas.

El cuarto comprador fue Rafael Gerarrdo Rosas Bocardo. Él adquirió cinco parcelas en las mismas fechas del año 2011.

En un primer momento los cuatro implicados pugnaron por lograr el reconocimiento como miembros de la comunidad ejidal y una vez reconocida esa calidad, se hicieron de los terrenos con el fin de venderlos en un breve lapso de tiempo, manifiesta el informe de la UIF.

Este proceso vulneró los principios que rigen a la propiedad social del Ejido, entre las que se encuentran las de otorgar medios de subsistencia a las personas que integran estos núcleos sociales y quienes generalmente, dice el informe de la UIF, en condiciones de pobreza e ignorancia.

Un claro ejemplo de que, por ejemplo, es que ninguno de los compradores vivió en el Ejido Lerma por más de un año tiempo completo, ya que todos ellos contrataron instrumentos financieros en ese periodo de tiempo, registrando ante instituciones crediticias diversos domicilios, que se encuentran, todos, fuera de los límites del Ejido Lerma, en el estado de Campeche.
Moisés Mansur Cysneiros, fue señalado por testigos y pruebas, como propietario de varios inmuebles.

Dentro de las propiedades que se le han descubierto a Mansur Cysneiros están un rancho con caballos de rejoneo en Valle de Bravo, una mansión en Ixtapa Zihuatanejo y algunas viviendas en la Colonia Prado Norte en la Ciudad de México.

Según el informe de la UIF de la SHCP estas testimoniales “hacen irracional que esta persona con tan cuantiosas propiedades, pudiera ser un campesino con residencia habitual en una zona considerada de bajo nivel económico y en donde el común denominador es la falta de urbanización e infraestructura”.

El reporte de la UIF en este caso, establece que los involucrados realizaron una serie de acciones para sobreevaluar los precios de las parcelas e introducir al Sistema Financiero la mayor cantidad de recursos posibles.

“Existe una enorme desproporcionalidad entre el precio de la primera compra-venta, celebrada entre ejidatarios y las realizadas en el ámbito del Derecho Privado a dos personas morales (empresas)”, explica el documento de 287 páginas.

 

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