Por Jesús Rodríguez
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Administración, Jesús Lavin Verastegui se presentó ante el pleno legislativo para su comparecencia en donde detalló que a 5 meses de iniciada la presente administración fueron muchas las irregularidades que encontraron en la dependencia a su cargo.
En primera instancia mencionó que detectaron a 89 “aviadores”, “a los cuales se les iniciaron procedimientos que han generado 78 resoluciones, en donde 57 son bajas, 10 reinstalaciones, 10 en proceso de aplicación de baja y un apercibimiento. Las 11 personas restantes están en espera de ejercer su derecho de audiencia constitucional”.
Pero además, en los últimos dos meses de la administración anterior se transformaron 120 plazas para convertirlas en bases sindicales sin cumplir con los criterios establecidos en la ley.
Durante su intervención inicial, añadió que las condiciones laborales de los servidores públicos, tenían deficiencias importantes, siendo un ejemplo claro de ello, que más de 3,500 plazas tenían un salario inferior al mínimo en 2022, y de continuar con la tendencia, en 2023 serían más de 10,000 trabajadores los que estarían por debajo del salario mínimo.
“A partir de esto, se han aplicado incrementos desde 10% hasta 82% en los puestos operativos más bajos”.
Reducción de 15% en compensaciones
En contraste, al inicio de la administración se aplicó una reducción del 15% en las compensaciones de funcionarios de mandos medios y superiores, desde nivel Director de área hasta la del propio Gobernador.
La mayor afectación, dijo el secretario de Administración, se detectó en el Ipsset, en donde existe una deuda por más de 2 mil millones de pesos por el desvío en el fondo de pensiones y empresas financieras externas para otorgar créditos a los trabajadores con intereses de hasta el 100% en contraste con el 20% que el Instituto cobra.
“En el Ipsset se recibió el Fondo de pensiones en una situación crítica; según el estudio más reciente, se tiene suficiencia financiera en sus reserva líquida hasta el 2024. Entre las razones de esta crisis se encuentra que no se realizó el pago de las obligaciones en favor de los trabajadores durante años previos”.
Lavín Verástegui, señaló que del 2010 al 2016 no se pagaron los descuentos aplicados a los trabajadores ni las aportaciones gubernamentales, y fue el 2021 cuando se firmó un convenio para solventar, pero solo se cubrió el 17% que equivale 343 millones de pesos.
Confirmó que se interpuso la denuncia correspondiente y fue formalizada por la Secretaría de Finanzas, Auditoría Superior del Estado y el Ipsset; además de dar por concluidos los convenios con las diversas casas de financiamiento que fueron creadas en el sexenio anterior.