Por Jesús Rodríguez
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El congreso del estado busca implementar la “ley Ingrid”, mediante la cual se castigaría con hasta seis años de cárcel a todo aquel servidor público que difunda fotografías, videos, y otros documentos digitales de víctimas de muertes violentas.
Fue la diputada Casandra de los Santos Flores, quien presentó la iniciativa para agregar el Capítulo V denominado “Difusión de daños a víctimas del delito”, y el artículo 202 BIS al Código Penal de Tamaulipas, el cual establece que las sanciones incrementarán una tercera parte cuando se difunda información con el fin de dañar la integridad de la víctima o de sus familias.
Y cuando se trate del cadáver de mujeres, niñas, o adolescentes, así como de las circunstancias de su muerte, de lesiones o del estado de salud de la víctima.
Ante la crudeza de las publicaciones en medios información y redes sociales que terminan por revictimizar a los muertos o heridos, la diputada local, mencionó que las penas se centran en los trabajadores del Ministerio Público, Guardia Estatal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, elementos de Tránsito, y otros de emergencia que acuden a los accidentes o escenas del crimen.
Esta ley surge del asesinato de Ingrid Escamilla por su pareja Érick Francisco Robledo, el 9 de febrero de 2020, donde el feminicida en un intento de deshacerse del cuerpo de Ingrid y lo mutiló para poder tirarlo al drenaje.
“Toda brutalidad que le arrebató la vida a Ingrid y posteriormente su dignidad, fue expuesta en redes sociales y medios de comunicación debido a que los propios agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, filtraron imágenes y videos del cuerpo de la víctima, la escena del crimen y del feminicida cubierto de sangre”, mencionó.
La iniciativa presentada por la diputada morenista fue apoyada por las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y las diputadas independientes, y fue turnada a las comisiones de Estudios Legislativos, Justicia e Igualdad de Género para la elaboración del difamen correspondiente y ser llevada al pleno para su aprobación en próximas sesiones.